Las políticas culturales se caracterizan por su dinamismo y plasticidad. Al estar inmersa en una compleja trama de circulación de símbolos, poderes y actores, las acción pública en cultura se enfrenta permanentemente a tensiones y redefiniciones. Esto es especialmente evidente hoy. Luego de trece años de funcionamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está ad portas de una nueva institucionalidad cultural que, seguramente, tendrá efectos directos en la forma de pensar el rol del Estado en las tramas sociales de la cultura. En efecto, no es coincidencia que su creación surja en paralelo a los procesos de deliberación constitucional implementados durante este año: en ambos casos lo que está en juego es la matriz cultural que ha imperado las últimas décadas.
Este nuevo capítulo en la historia de las políticas culturales exigirá elaborar respuestas efectivas a demandas en curso, así como también conducir nuevas en gestación. En primer lugar, es esperable que se produzca una aceleración y diversificación tanto de las demandas del mundo artístico como de sectores más amplios de la población. Como consecuencia de aquello, y en segundo lugar, deberán complejizarse los marcos teóricos actualmente en uso. A las nociones tradicionales de acceso y participación cultural, habrá que integrar debates sobre memoria, migración, ciudadanía global, identidad indígena, disidencias de género, entre otros. Las voces de la diversidad serán parte de un concierto siempre necesario. Sumado a ello, surgirán nuevos desafíos administrativo-culturales que deberán discutir modelos históricos de gestión como el financiamiento de la cultura, la concursabilidad y el fomento a la producción artística. Todos estos procesos obligarán a pensar las maneras tradicionales de hacer las cosas entre la esfera cultural y la institucionalidad pública.
Este número de Observatorio Cultural se propone avanzar en la discusión de estos procesos y ofrecer un espacio abierto al ensayo —como intento, prueba, experimentación— del presente. Como parte de este ejercicio, los artículos que forman parte de este nuevo número se dedican, por una parte, a la discusión constituyente y la exigencia programática de los derechos culturales y, por otra, a las formas y voces de la violencia de género en Chile.
En el primer caso, asegurar el derecho a la cultura significa no sólo discutir el derecho de los trabajadores culturales y el acceso a la cultura, sino también ofrecer condiciones técnicas y prácticas para que la ciudadanía pueda preservar, recrear y regenerar su propia creatividad como memoria social. En el segundo caso, a través de experiencias y narraciones directas de víctimas de violencia de género, se abordan las prácticas de la agresión y el abuso masculino en el Chile reciente.
Ambas propuestas de debate se comprenden como zonas de un conflicto cultural en curso: el derecho a la creatividad requiere, al mismo tiempo, de un territorio con garantías irrenunciables. Asegurar que los ciudadanos tengan derecho a la expresión desde y con la diversidad cultural y sexual es uno de los desafíos propuestos en este número. Sumado a la discusión sobre sitios de memoria en Chile y las principales conclusiones de la participación ciudadana en la última Convención Nacional de Cultura, este nuevo número se propone ampliar las conversaciones en torno a las gramáticas culturales del presente.
Como Comité Editorial creemos importante visibilizar nuevas disputas simbólicas y activar nuevos sentidos críticos en la forma de imaginar y reflexionar el Chile actual. Por esta razón, queremos reforzar la idea de que la discusión cultural no sólo debe fomentar el ánimo de cuestionar la realidad social y política sino también preguntarse por las definiciones de identidad y género circulantes y ampliar los territorios de la diferencia y la ambigüedad. Esperamos que esta nueva edición del Observatorio Cultural aporte a estos propósitos.