OC 21 – Estudios


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Mayo 2014

Encuentros ciudadanos: La voz de ciudadanía en la construcción de la nueva institucionalidad cultural

Por Sección de Políticas Culturales y evaluación. Texto elaborado por María Graciela López y Andrés Keller.

En el marco de las medidas del Programa de Gobierno para los cien primeros días, se comprometió el envío al Congreso Nacional del proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Para afrontar el desafío de la participación en esta medida presidencial, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) desarrolló un proceso de consulta a la ciudadanía que constó de una serie de Encuentros Ciudadanos en más de veinte ciudades de todas las regiones del país [1], entre otras instancias [2]. En este marco, el presente texto busca reflexionar en torno a las valoraciones, desafíos y expectativas que la ciudadanía deposita en esta nueva institucionalidad.

Características de la instancia y metodología

En los encuentros ciudadanos participaron, tanto ciudadanos/as interesados/as en el ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio, como distintos agentes culturales de cada territorio, entre los que se cuentan a representantes de instituciones públicas, organizaciones privadas, bibliotecas, museos, establecimientos educacionales locales, trabajadores/as de la cultura, las artes y el patrimonio, universidades, organizaciones sociales y ciudadanas; y también investigadores/as, artistas, cultores/as y gestores/as culturales. Se privilegió la reflexión grupal situada en el territorio. Así, en cada región, el desarrollo de los encuentros se estructuró en tres etapas sucesivas. En primer lugar, se presentaron los objetivos de la jornada y principales características del anteproyecto de ley a todos/as los/as participantes. En segundo lugar, se efectuó la reflexión grupal en distintas mesas temáticas, según el interés de los/as participantes: Institucionalidad, Participación y Descentralización, Arte y Cultura, y Patrimonio. Por último, se realizó una plenaria ampliada, donde se compartieron y discutieron las reflexiones de las distintas mesas con el resto de los/as participantes del encuentro. En términos metodológicos, el levantamiento de información consideró un enfoque cualitativo, a partir de matrices que orientaron la discusión. Los resultados fueron consignados en papelógrafos y actas de acuerdos. Finalmente, para analizar la información, se utilizó la técnica de análisis de contenido, definiendo distintas dimensiones derivadas tanto de las orientaciones entregadas para la discusión grupal, como del contenido latente en los discursos recabados.

Reflexiones en torno a la nueva institucionalidad

Acerca de Cultura

Establecer definiciones claras e integrales que permitan orientar la acción institucional en el campo cultural es una de las reflexiones centrales de los/as participantes. En este sentido, se estructura una comprensión amplia y diversa de la cultura, como un atributo intrínseco a las prácticas, existencia e identidad humana y operativamente como un derecho que el Estado debe garantizar.La promoción del derecho a la cultura, se entiende por los/as participantes como el derecho a la participación cultural y el acceso justo en igualdad de condiciones de todos/as los/as ciudadanos/as, mediante el fortalecimiento de un Estado garante que no considere a la cultura como un bien de consumo. A través del discurso, se evidencia que las miradas de los/as participantes enfatizan en la necesidad de fomentar la cultura y las artes desde la primera infancia mediante iniciativas concretas y nuevos mecanismos de inversión directa, no exclusivamente restringidos a financiamiento concursable o fomento de productos creativos a escala industrial. Se espera así que se diagnostiquen las carencias de cada territorio en estos ámbitos y se promuevan acciones en beneficio de las comunidades, considerando la premisa de que la cultura posee un rol sustantivo en el desarrollo económico y social del país.

Patrimonio

En este ámbito, a juicio de los/as participantes, se hace necesario delimitar su alcance, considerando tanto el patrimonio material, como el inmaterial, el natural, el científico y la herencia cultural. Resulta prioritaria la generación de un nuevo marco legal de carácter orgánico, que comprenda estas dimensiones y establezca derechos, obligaciones, responsabilidades, incentivos y mecanismos de protección e integración en la gestión patrimonial, reemplazando así el marco legal vigente. Asimismo, se espera que esta nueva legislación se fundamente desde una perspectiva plural y abandone una visión de Estado respecto del patrimonio que los/as participantes caracterizan como “monumentalista”. Desde una perspectiva de funciones, se espera que el nuevo Ministerio sea la institución llamada a coordinar la intersectorialidad en este ámbito, procurando la consideración de la diversidad de visiones respecto del patrimonio y estableciendo estructuras participativas de la comunidad en su gestión.

Principios y rol institucional

Respecto de los principios que deberían fundamentar la nueva institucionalidad cultural, en primer lugar se plantea la valoración, reconocimiento y promoción de la diversidad e integración cultural del país, en consideración de las distintas expresiones que lo conforman y que se asientan en sus diversos territorios. Se espera que este principio se traduzca en funciones institucionales asociadas al desarrollo de políticas, programas y metodologías referidas a la preservación y promoción de esta diversidad cultural, especialmente aquella representada por los pueblos originarios. En este sentido, un aspecto importante para los/as participantes, es la especificación del rol que el nuevo Ministerio desempeñará en esta materia y la forma cómo garantizará la representación de las distintas culturas, tanto en los órganos colegiados que considere la nueva estructura institucional, como en espacios de participación resolutiva de los temas que les interesan y afectan, instancias que se considera necesario desarrollar. En relación con esta temática, se plantea el reconocimiento del derecho de los/as ciudadanos/as a participar activamente en la institucionalidad cultural del país, a través de diversas instancias regionales y niveles de acción, como un segundo principio. Así, se consigna la necesidad de garantizar que las distintas voces sean escuchadas y consideradas en la construcción conceptual y estratégica de las políticas culturales locales, regionales y nacional, y también sean convocadas a instancias asociativas entre agentes culturales y el nuevo Ministerio. En términos específicos, la ampliación del derecho a la participación también se expresa en la expectativa de generar dispositivos de carácter vinculante, donde concurran organizaciones de la sociedad civil, más allá de las tradicionalmente vinculadas con la cultura, las artes y el patrimonio. En ese sentido, emerge el requerimiento de establecer criterios de representación del mundo social y cultural en las estructuras participativas de las distintas escalas del territorio, incorporando a esta diversidad de actores en forma regular e institucionalizada al quehacer del Ministerio. Metodológicamente, a juicio de los/as participantes, resulta necesario el diseño y la implementación de metodologías e instrumentos de manera formal y estable.

Vinculado con el derecho a la participación, en tercer lugar, se considera que la descentralización debe ser un principio de la nueva institucionalidad, pues refiere al ejercicio democrático al interior del territorio nacional y al desarrollo regional. Como valores asociados, se estima que la descentralización contribuye al objetivo del rescate y el fortalecimiento de las identidades territoriales. En consideración de la situación actual, los/as participantes valoran el rasgo descentralizado sobre el cual la institucionalidad vigente se fundamenta, instando a que este rasgo se fortalezca como principio y logre mayor efectividad en términos prácticos.

Bajo esta premisa, se propone la delegación sustantiva de decisiones en las distintas escalas del territorio, tanto en términos de definición de sus propias políticas y estrategias de desarrollo como de los recursos que se requieren para ejecutarlas. En este sentido, los/as participantes demandan la posibilidad de que las distintas escalas del territorio puedan incidir en la planificación programática y presupuestaria del nuevo Ministerio, apelando además a una desconcentración efectiva de los recursos y a una mayor autonomía de las distintas culturas que se distribuyen territorialmente en el país.

Vínculos entre cultura, artes, patrimonio y educación

Dentro de las dimensiones planteadas como marco analítico para el desarrollo de los encuentros ciudadanos, la vinculación de la nueva institucionalidad con el sector de educación constituyó un ámbito relevante. En este sentido, los/as participantes plantean la necesidad de establecer una vinculación efectiva y formal entre la nueva institucionalidad cultural y el Ministerio de Educación, con el objeto de articular un trabajo conjunto e incidir en el ámbito educativo de carácter formal, debido principalmente a la necesidad de fomentar el conocimiento y práctica de las artes, la cultura y el patrimonio desde la infancia, invirtiendo así en una valorización futura de las distintas disciplinas y sus audiencias. Esta apreciación se refuerza a partir del diagnóstico crítico que los/as participantes realizan del estado actual de la formación en artes, cultura y patrimonio, lo que requiere de una política que plantee mejoras sustantivas al currículo escolar, incorporando las identidades culturales regionales y locales, y la cultura de los pueblos originarios. Este análisis coincide con la percepción de urgencia que reviste el establecimiento de redes de trabajo con las instituciones educativas en los distintos niveles de enseñanza, pues la valoración de la cultura y el patrimonio local, se concibe como una labor para la que los establecimientos están preparados en función de su asentamiento en los territorios. Por último, se destaca la necesidad de que el nuevo Ministerio incida en las mallas curriculares y la generación de carreras de Educación Superior asociadas a la cultura, las artes y el patrimonio.

Expresión territorial de la futura institucionalidad cultural

La expresión orgánica del futuro Ministerio, de acuerdo con la opinión de los/as participantes, debería materializar y garantizar los principios señalados; siendo incorporados plenamente a las funciones ministeriales asociadas a sus ejes de acción: arte y cultura, y patrimonio. De esta forma, principios y ejes de acción se configurarían en una estructura asentada en todos los niveles administrativos y territoriales posibles, desplegando una mayor horizontalidad en la toma de decisiones, en la participación cultural y en el reconocimiento de las identidades y prácticas culturales vinculadas al territorio. Cuatro serían los niveles, de acuerdo con los discursos recabados, en que se debiese desplegar la futura institucionalidad a nivel territorial: nacional o central; regional; provincial y local. Cada uno de ellos, compuesto por la representación administrativa del futuro Ministerio, y de la ciudadanía, interrelacionados, coordinados, comunicados, dependientes en forma vertical, en el caso de la estructura administrativa, y coherentes con los principios y definiciones.

Nacional, en este caso se enfatiza la necesidad de contar con dos Subsecretarías, una orientada a desarrollar el trabajo programático vinculado a cultura y arte, y la segunda, enfocada en desarrollar las materias patrimoniales. Esta propuesta es reiterada en las opiniones de los/as participantes, y que se presenta en controversia con la propuesta presentada en los encuentros ciudadanos, donde se consigna la figura de Servicio Nacional. Junto con las Subsecretarías respectivas propuestas, se valora y confirma la necesidad de que cada una de ellas cuente con un fondo establecido formalmente en el proyecto de ley. Nuevas unidades consignadas por los/as participantes en este nivel, serían: un departamento encargado de fortalecer la diversidad cultural; otro, encargado de facilitar la participación social en forma transversal en la institución; y una unidad centrada en fiscalizar y sancionar las acciones que vayan en contra de la protección del patrimonio. Por su parte, la representación social en el nivel central, estaría dada por la mantención de la figura de Directorio Nacional, no obstante, se señala que este debería ampliar su integración a representantes de pueblos indígenas.

Regional, en este caso, las sugerencias son consistentes con la propuesta institucional actual que considera contar con una Seremi de cultura, acompañada por dos Direcciones Regionales, una a cargo de cada eje, cultura y artes, y patrimonio. La característica principal que se atribuye a este nivel, es la autonomía en cuanto a definición de política cultural, decisión presupuestaria, administración de infraestructura y patrimonio, y atribución formal de asesorar técnicamente la asignación del 2% de cultura, existente en los gobiernos regionales. Se señala la mantención de la figura de Consejo Regional en este nivel, sin embargo, se enfatiza la necesidad de representar a las comunas al interior de este órgano. En este sentido, la vinculación de la región con las comunas, de manera formal y permanente, es una demanda que atraviesa la discusión de los encuentros en su totalidad.

Provincial, las opiniones en torno a este nivel son diversas en términos de proponer una figura particular de expresión institucional. Se propone una oficina ministerial, una oficina de informaciones o bien una delegación provincial. El énfasis en este nivel estaría dado por la posibilidad de vincular los territorios con la estructura institucional, en una escala intermedia, que haga efectivo el objetivo de relacionar a las comunas al interior de cada región, con la Seremi y sus Direcciones respectivas. A diferencia del nivel regional, la provincia no contaría con unidades dependientes de las Subsecretarías, sino que realizaría funciones menos específicas. No obstante, se sugiere acompañar esta oficina o delegación, con un Consejo Provincial, compuesto principalmente por agentes culturales, organizaciones artístico-culturales y sociales.

Comunal, se consigna en este nivel, la opinión de los/as participantes, respecto de formalizar y hacer efectivo un vínculo formal del Ministerio con los gobiernos locales. Las opciones identificadas señalan preferentemente la vía de fortalecimiento de las Direcciones de Cultura existentes en estos espacios, o bien, la creación de Oficinas Comunales de Cultura. En ambos casos, se plantea la necesidad de dotar de recursos y exigir las competencias técnicas a estas estructuras. El reflejo de la representación ciudadana en este nivel, de acuerdo a las opiniones generales, se debería traducir en un Consejo Comunal compuesto por artistas locales, gestores/as y organizaciones culturales y sociales.

Territorios especiales. Una opinión reiterada en los encuentros, da cuenta de la necesidad de un tratamiento excepcional a territorios especiales, tales como, Isla de Pascua, Juan Fernández y regiones extremas. En otro ámbito, el modelo de gestión que se requiere desarrollar en la futura institucionalidad, debería plasmar, desde las visiones de los/as participantes, la eficiencia, transparencia, coordinación e intersectorialidad, y especialización del recurso humano, como principales características.

Finalmente, los/as participantes, interpelan al Estado en su rol de garante de la cultura, señalando la necesidad de otorgar una posición de mayor prioridad presupuestaria para este Ministerio, coherente con una ampliación sostenida y sustentable de recursos para el sector. OC

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[1] Los Encuentros Ciudadanos se desarrollaron entre los días 11 de abril y 5 de mayo de 2014.

[2] El proceso de participación ciudadana contempló tres instancias en su conjunto: Foro Web “Tu voz crea cultura”, Audiencias de Funcionarios(as) y Encuentros Ciudadanos Regionales. El presente artículo trata acerca de las reflexiones derivadas de esta última instancia.

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