La lectura y el libro en la encrucijada – Artículo 1 OC 1


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Bernardo Subercaseaux
Profesor e investigador, Departamento de Literatura, Universidad de Chile

¿Puede acaso afirmarse —en el 2011— que Chile es un país lector de libros, como lo fue en el pasado? Diversos estudios, entre ellos los realizados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, revelan más bien que no lo es y apuntan a problemas de arrastre en la educación en todos sus niveles, así como a la massmediatización por la vía de la imagen, la televisión e internet. Una encuesta sobre hábitos de lectura realizada en las 16 principales ciudades del país por Adimark para la Fundación Lafuente, en mayo y junio del año 2006, determinó que un 45% de los mayores de 18 años no lee libros en absoluto; y que un 34% son lectores ocasionales.

Por su parte, en el año 2009, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural, basada en una muestra más amplia, detectó que el 59% de los encuestados no ha leído libros en el último año, y que en el rango etario de 15 a 29 años la razón por la que no leen es, en un 41,3%, porque no les interesa y en un 28,5%, por falta de tiempo. Finalmente, un sondeo realizado en diciembre del año 2009 con una muestra representativa de los residentes del Gran Santiago, reveló que un 53,9% no ha leído ni siquiera un libro durante los últimos doce meses. Las razones por las que no leen son, según esta encuesta, en casi un 60% la falta de tiempo y el desinterés. Se trata, en todos los estudios, de indicadores que muestran a una sociedad predominantemente no lectora (de libros), y desmotivada por esta práctica. Revelan además una muy baja valoración social del libro en comparación con otros medios. Las encuestas muestran también un aumento permanente en el uso de internet (qué duda cabe de que sí somos un país lector de textos por esta vía) y en el chateo, lo que implica el peligro de que se acentúe la ya débil comprensión lectora, no solo porque los alumnos lean cada vez menos libros, sino porque aumentan la lectura de mensajes breves, mal escritos y fraccionados, con la paradoja de que la alfabetización informática podría venir de la mano con una creciente analfabetización verbal convencional.

Sin duda, una de las raíces de una sociedad no lectora de libros está en la educación. De hecho la prueba Simce (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) del año 2008 por primera vez evaluó las habilidades no solo de lectura sino también de escritura de alumnos de cuarto básico, arrojando resultados decepcionantes. Si bien la última prueba Simce dada a conocer este año reveló indicadores de cierta mejoría, todavía se está muy por debajo de la mayoría de los países que integran la OCDE, en cuanto a indicadores de comprensión de lectura y de manejo de la lengua escrita. Además, los resultados de la prueba SIMCE, que se lleva a cabo en todo el país, reflejan diferencias entre grupos socioeconómicos, al mostrar que los colegios municipalizados y subvencionados tienen por lo general los peores resultados. Los expertos coinciden en que si no se lee de manera regular en los primeros años, las posibilidades de comprensión y de desarrollo de la lectoescritura son muy reducidas. Aun más, hay encuestas que ponen en evidencia que incluso un número importante de profesores lee poco, lo que se manifiesta a veces en exigencias de lectura a los alumnos completamente inadecuadas para su edad, por ejemplo, pidiéndoles a alumnos de 8º básico que lean La última niebla, de María Luisa Bombal. Los escolares se relacionan, más que con libros, con textos de estudio, rara vez entran a una librería y menos aun compran libros (quienes los buscan y adquieren son sus apoderados). Los textos de estudio son para ellos una suerte de compendio que relacionan con determinado nivel escolar: los de segundo medio ya no les sirven en tercero, o quedan para el hermano chico. Para los estudiantes secundarios los libros encarnan una tarea y una obligación que requiere tiempo y paciencia (que es, precisamente, lo que internet les acostumbra a no tener). Leer un cuento o una novela es —con pocas excepciones— casi un castigo. Puede afirmarse, en síntesis, que a nivel escolar, en términos generales en el país (considerando también que hay excepciones) no se ha desarrollado una estrategia como la que se requiere para promover la lectura a lo largo del proceso educativo, empezando desde el niño, pasando por el adolescente y hasta llegar al adulto.

Población universitaria y el libro

¿Dónde está hoy día, en el año 2011, el público de lectores posibles y potenciales? Fundamentalmente en las universidades. Es en la etapa universitaria cuando se suele iniciar una relación personal y más permanente con los libros. Son los años en que se entra a las librerías, aunque sean de libros usados, se visitan por necesidad o por interés las bibliotecas, se piden libros y se los hojea, y en el mejor de los casos se los descubre y apropia, comenzando a leer por vocación o por placer, y hasta ocurre que algunos estudiantes inician la formación de una pequeña y rudimentaria biblioteca personal. ¿Qué pasa entonces con la población universitaria y los libros?

En las últimas dos décadas la población universitaria ha aumentado exponencialmente. Se estima que para el 2011 la matrícula sobrepasa los 900.000 estudiantes. Los libros son (todavía) el soporte por excelencia de todas las carreras que se estudian en la universidad, sean de las disciplinas científicas y técnicas (física, química, medicina, ingeniería, agronomía, biología, etcétera), como de las disciplinas sociales y humanistas (jurisprudencia, ciencias políticas, antropología, sicología, historia, filosofía, letras, lingüística), sin mencionar su importancia como soporte de la cultura general y de la expresión literaria y poética. Aun considerando que hay universidades de primera, de segunda y de tercera categoría, algunas acreditadas y otras que no, unas con grandes bibliotecas patrimoniales y otras con solo centenares o unos pocos miles de libros, aun considerando estas diferencias, es posible pensar que cada estudiante universitario debe (o debiera) leer en promedio veinte libros al año, lo que da —considerando la matricula actual— un total de 18.000.000 de libros.

Se trata de una cifra espectacular, superior incluso al número de libros que se editan cada dos años en el país. Corresponde sí a una cifra virtual, a un nicho de mercado posible pero que no es real. Lo que ocurre en la realidad es muy diferente. Por una parte, a través de préstamos bibliotecarios, varios estudiantes leen o trabajan con un mismo ejemplar. Por otra, los estudiantes universitarios en su abrumadora mayoría no leen libros, leen fotocopias, capítulos, secciones, fragmentos, artículos, hojas sueltas bajadas por internet. En definitiva, libros que no alcanzan a ser libros, que son solo textos.

El asunto tiene múltiples aristas, particularmente si consideramos que el libro es un objeto complejo: por una parte vehículo de pensamiento, de ideas y de creatividad, un bien de cultura y de educación irremplazable. Por otra, un producto material, hecho de papel impreso, que ha sido ilustrado, diseñado y encuadernado de determinada manera, un objeto concreto que se promociona, se fabrica, se vende, se colecciona, se exporta y se consume, vale decir, un bien económico. Metafóricamente, entonces, el libro tiene alma y cuerpo, y ambos componentes están interrelacionados, por lo que el deterioro o bienestar de uno involucra al otro.

La relación con semilibros o con lonjas de libros implica carencias de distinta índole en la relación con el libro y en la práctica de la lectura. Es como amarse por correo electrónico: el alma se transmite pero el cuerpo no. Se trata de una mengua que también afecta a la industria y al mercado del libro y que termina por empobrecer la oferta editorial. La solución no es fácil.

Desde el punto de vista de los estudiantes, la fotocopia “salva”, como dicen ellos. También seguramente “salva” a los padres. Pagando aranceles y manutención, comprar los libros que necesitan sus hijos —aunque sean usados— les resulta una quimera. Desde el punto de vista de las universidades (sobre todo de las universidades privadas que tienen propósitos mercantiles), tener bibliotecas actualizadas con el número suficiente de ejemplares para una matrícula que aumenta año a año no parece ser un tema prioritario. Desde el punto de vista de los profesores, entregar una bibliografía indicando el número de páginas a leer resulta más operativo y da mayores garantías de cumplimiento que si el alumno tuviese que adquirir o pedir el libro en préstamo. Desde el punto de vista de las editoriales, libreros y distribuidores, la fotocopia —la reprografía, le llaman— los perjudica y obstaculiza el crecimiento y desarrollo del mercado del libro en el país. Una solución parcial es llevar a cabo lo realizado en países como Noruega, donde cada fotocopia paga un derecho que es recopilado por una entidad independiente, derechos que van a dar a la industria editorial y a los autores. Por esta vía se puede, con el tiempo —si se adoptan otras medidas y un trato preferencial para el libro— lograr una baja importante en los precios y una mayor oferta de títulos transformando así a la población universitaria en un público lector real de libros.

Los estudiantes universitarios también leen textos electrónicos. Con frecuencia lo hacen por una motivación informativa o funcional, para obtener referencias, datos o información. Cada vez más esta clase de lectura funcional se realiza en textos electrónicos a través de internet; varias editoriales utilizan el soporte electrónico o el CD-ROM para sus enciclopedias, diccionarios o libros de referencia. Otro tanto ocurre con las revistas de punta en las distintas disciplinas, publicaciones que cada vez más son asequibles on line. Es innegable que en el mundo contemporáneo la gran variedad de medios y recursos tecnológicos existentes han contribuido y seguirán contribuyendo al crecimiento cultural de la sociedad. Pero es innegable también que el libro continuará desempeñando en este plano una función insustituible. Hay quienes perciben en el libro un medio obsoleto y en retirada, argumentan que los bancos de datos y las máquinas de búsqueda tipo Google tienen hoy día, como fuente de información y ayuda, una capacidad considerablemente mayor de almacenamiento y rapidez que el libro. El problema es que este tipo de comparaciones descansa en una premisa errada. Aquella que presupone una equivalencia entre información y conocimiento.

En cuanto al texto electrónico, que el estudioso Roger Chartier considera como la tercera revolución del libro (luego del manuscrito y de la imprenta), todo indica que asistiremos a una coexistencia entre estos tres modos de inscripción y de comunicación de textos. Hipótesis bastante más razonable que aquella que sostiene que nos encontraríamos ad portas del colapso de la cultura escrita, o de aquella otra que anuncia con trompetas el advenimiento inmediato de una nueva era de las comunicaciones. Según Chartier, la historia de la lectura muestra que las mutaciones en el orden de las prácticas son a menudo más lentas que las revoluciones tecnológicas.1

El Estado: un actor necesario

En la medida en que el mundo del libro está vinculado a la lectoescritura, a la producción y reproducción de conocimiento, a la creatividad individual y social, a la educación y a la construcción de una sociedad en que exista igualdad de oportunidades, necesariamente requiere la acción del Estado.

Considerando lo desarrollado en términos de bibliotecas públicas, el programa de adquisición de libros para los Centros de Recursos de Aprendizaje del Mineduc, los bibliometros, los fondos concursables, el maletín literario (del que hasta hoy no sabemos si se le ha realizado un seguimiento) y el actual proyecto de promoción de la lectura que dirige Verónica Abud, todo apunta a una presencia del Estado como actor en el mundo del libro. Se trata, sin embargo, de una presencia dispersa e insuficiente, sobre todo si se toma en cuenta lo planteado por un documento sobre Política Nacional del Libro y la Lectura, publicado en 2006; documento que emanó del propio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que contó con el aval del ministro de Cultura de la época, José Weinstein. Documento que señala la necesidad de una nueva política para la lectura y el libro, una política sistémica e integral que involucre todas las etapas de la cadena del libro. Se plantea allí un conjunto de medidas y objetivos en el plano del fomento de la lectura a través del libro con un programa nacional continuo de fomento de la lectura: incrementar sustantivamente libros disponibles en bibliotecas públicas; subsidio para adquisiciones de libros chilenos científicos, académicos y técnicos; ampliación de las redes de bibliotecas municipales y públicas; vincular la acreditación de universidades con el cumplimiento de normas referidas a bibliotecas y reprografías; estimular convenios con medios masivos para fortalecer la presencia del libro y la creación chilena. También se incluyen medidas para impulsar la edición, producción y comercialización de libros: pago de IVA diferido en importaciones de libros; estudiar una posible rebaja del IVA a los libros; fomentar la publicación nacional de libros técnicos y científicos; favorecer con medidas fiscales y municipales a librerías dedicadas exclusivamente al comercio de libros; fortalecer el derecho de autor; instalar en ProChile un programa específico para la exportación de libros producidos en el país; fomentar el perfeccionamiento de profesionales relacionados con la cadena del libro. También, medidas para desarrollar la creación: potenciar concursos de edición de nuevas obras; reestructurar el jurado que otorga el Premio Nacional de Literatura; generar instancias de capacitación para traductores; impulsar talleres y concursos literarios a nivel comunal; apoyar la creación de revistas y publicaciones de difusión y crítica literaria y cultural, así como blogs y páginas web. Además, medidas para preservar y difundir el patrimonio literario, bibliográfico y documental: crear un fondo de adquisiciones para manuscritos y objetos literarios de valor patrimonial; ampliar la colección en soporte sonoro de la tradición oral y del patrimonio lingüístico de pueblos originarios; crear una línea de proyectos del Fondo del Libro y la Lectura que apoye iniciativas de conservación y restauración del patrimonio bibliográfico. Por último, se plantean medidas para mejorar la institucionalidad del libro: modificar Ley 19.227 de 1993, en términos de explicitar una política de bibliotecas públicas, de fomento a la industria editorial nacional, de depósito legal y de Ley de propiedad intelectual 17.336, de administración de ISBN coordinándose con el Mineduc para implementar un sistema permanente de estudios y estadísticas en el ámbito de la lectura y el libro.

Hasta la fecha no se ha aplicado prácticamente ninguna de estas propuestas, las que fueron llevadas a cabo por un organismo que pertenece al Estado y que vela por las políticas públicas en ese sector. Todo indica que, en las postrimerías del Bicentenario, concretar la iniciativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del entonces ministro del ramo es una necesidad para restituir —en beneficio del país— el equilibrio entre el cuerpo y el alma del libro, entre el libro como bien económico y como bien social y cultural. Y también, para propender a un mayor equilibrio entre la cultura de masa, la cultura artística y la cultura popular.

Cabe preguntarse: ¿La propuesta que no se asumió durante los años de la Concertación, será asumida acaso, hoy en día?

Somos, más bien, pesimistas.

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