Profundizar la cooperación entre la sociedad civil y los responsables del sector público en el ámbito de las políticas culturales, constituye un desafiante reto para la reflexión y acción permanentes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). La historia de la institucionalidad cultural en Chile recoge la experiencia participativa en su génesis y sus prácticas; y es uno de los temas relevantes en el próximo paso de Consejo a Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las experiencias son múltiples, unas más exitosas que otras, pero en su conjunto dotan de sentido a la gestión pública en cultura.
Además de las leyes que crean el CNCA y los Consejos sectoriales de Fomento del Libro, de la Música Nacional y del Cine y la industria audiovisual, la Ley nº 20.500 sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública define la necesidad de contar con metodologías que incorporen a la ciudadanía y a los actores relevantes de cada sector en los procesos de construcción de políticas sectoriales. Se trata de incluir, al menos, enfoques del territorio, inclusivos y con perspectiva de género.
En este escenario, a la fecha se cuenta con dos ejercicios de diseño de políticas públicas culturales —2005-2010 y 2011-2016— a nivel nacional y regional, diversas políticas sectoriales vinculadas al desarrollo de las áreas de fomento artístico y cultural del CNCA, la Consulta Indígena, y la construcción del Proyecto Sustitutivo de Ley que crea el Ministerio.
Siempre es posible ir por más, y una primera mirada de evaluación general de esos procesos arroja aprendizajes importantes para el campo cultural en su conjunto, tanto para los agentes públicos como para los mixtos y privados, evidenciando aun carencias técnicas en materia de diseño de políticas públicas y en mayor medida, de implementación, seguimiento y evaluación colaborativas.
Con esas premisas, durante 2014 se dio inicio al proceso de renovación y formulación de las políticas sectoriales del CNCA, con el objetivo de establecer el horizonte de las prioridades de la gestión pública en distintas áreas artísticas y culturales durante el próximo quinquenio 2016-2021, considerando compromisos y agendas colaborativas para la generación de condiciones que permitan el ejercicio de derechos y participación culturales. A la vez, con estas políticas se busca lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, que dote de oportunidades que mejoren la actual distribución de los recursos y aporte a la valorización de la cultura, al reconocimiento de los creadores y la producción nacional, y a su rol de mediadores, así como a la empleabilidad del sector cultural.
La metodología de diseño de políticas sectoriales[1]Guía Metodológica para las Políticas Sectoriales del CNCA 2015-2021, elaborada por el Departamento de Estudios del CNCA. está concebida como un modelo participativo, que privilegia enfoques cualitativos y considera dos tipos de participación: la deliberativa, enfocada a agentes relevantes para la construcción de árboles de problema y soluciones, incluyendo mesas participativas regionales temáticas, proceso abordado por eslabones del ciclo cultural de cada área; y una representativa, integrada por miembros de los consejos sectoriales, elegidos en sesiones ordinarias de trabajo de estos órganos colegiados, y funcionarios de los departamentos de Fomento de las Artes y de Estudios del CNCA, conformando un comité de carácter político-técnico para el análisis de factibilidad y redacción del documento de políticas.
Los principios rectores implícitos de este proceso son: ampliar los espacios de participación y legitimidad de las políticas sectoriales, desmarcándolas de la lógica habitual de “los expertos”; e incorporar la mirada regional, que permita incluir la dimensión de los territorios y convocar a nuevas voces en cada una de las áreas artísticas y culturales.
De esta forma se ensanchan los límites del trabajo sectorial, habitualmente vinculado al sector productivo de bienes y servicios culturales, a una dimensión más amplia, a la de campo cultural. Esto ha permitido incluir nuevas expresiones y prácticas que no tienen necesariamente visibilidad o representación en los eslabones de la cadena productiva, pero que son significativas para la construcción de una política pública, porque son las que le confieren la riqueza de forma integral y sistémica. Así, desde la definición de principios y valores hasta los medios de evaluación estarán impregnados de la diversidad cultural del país, y se habrá incluido a la sociedad civil desde el origen de las políticas públicas, aumentando de manera significativa los resultados de implementación y cumplimiento de las metas propuestas.
La riqueza del intercambio de información que se ha producido en las mesas participativas excede los documentos de sistematización y análisis. Sus aportes expresan la capacidad de las comunidades para actuar sobre sí mismas e introducir cambios en los acontecimientos y las decisiones públicas. Del mismo modo, estos procesos participativos se han constituido en aportes en diversas materias de trabajo interno del CNCA y de sus relaciones y vínculos con la ciudadanía y demás agentes públicos, intencionado una amplia agenda interinstitucional regional, nacional e internacional.
En particular, las políticas sectoriales han organizado su proceso deliberativo en torno a ejes temáticos definidos por los respectivos consejos sectoriales. Se trata de dimensiones que articulan la conversación participativa y guían la estructura de la construcción de los documentos de políticas. Todas las agendas han considerado el marco normativo, entendido como leyes e institucionalidad, y han pasado revista a los eslabones del ciclo cultural. Adicionalmente, han incorporado los ámbitos patrimoniales, de participación y nuevas tecnologías.
En cada instancia de trabajo regional y en las asociadas a los eslabones del ciclo cultural de cada área artística y cultural, se ha ido modelando un nuevo conocimiento acerca de las identidades culturales, más allá de las tradicionales concepciones estéticas o productivas. Las raíces que afloran, son la evidencia de continuas transformaciones y de la historia propia, de los sustratos, de las comunidades y sus territorios.
Desde esta perspectiva, el proceso en curso, con todos sus aciertos y debilidades, ha sido pensado e implementado desde un enfoque que supera la racionalidad instrumental e intenta valorizar una mirada mucho más amplia que las visiones e intereses de grupos particulares (capturas de cuota), garantizando espacios para nuevas voces y concepciones de desarrollo, con sus propias formas, problemas y necesidades, con sus culturas legítimas, estructurando un paisaje cultural y de construcción simbólica más amplio y con matices múltiples y diversos, que también proporcionan nuevos elementos de interpretación acerca de demandas culturales que se tornan cada vez más políticas, ratificando así un conjunto de evidencia investigativa sobre la identidad cultural contemporánea latinoamericana.
Este proceso, que comenzó con la Política Nacional de la Lectura y el Libro, ha ido incorporando mejoras, en aras de garantizar una participación informada. Así, los relativos a la música, el cine y el audiovisual, hoy en curso, han considerado levantamientos de información sectorial y nudos críticos, disponibles para todos los(as) participantes en instancias deliberativas. Además, han considerado la elaboración de diagnósticos como insumos relevantes para la toma de decisiones. Las herramientas de las TIC también han sido consideradas, incorporándose espacios de participación en línea.
Durante los meses de agosto a octubre de 2014, diversas instancias participativas público-privadas levantaron problemas, lineamientos, objetivos y principios, que dieron como resultado una Política Nacional de la Lectura y el Libro. Le han seguido, desde mayo de 2015, las mesas participativas para discutir el fomento de la música chilena y del sector del cine y el audiovisual. También fueron programadas instancias de devolución de información a la comunidad para compartir el estado del levantamiento de información y de desarrollo de contenidos, para enriquecer estos. Un seguimiento permanente de los procesos ha permitido reformular instancias e incluir nuevas actividades tendientes a reforzar el carácter participativo.
En particular, los procesos de construcción de políticas sectoriales, también han ido proporcionando señales para visualizar los conflictos que emergen en la relación entre la industria y la cultura, sus relaciones de poder y el rol que juegan en las dinámicas de las culturas cotidianas de los agentes relevantes en cada uno de los territorios —el amor y el odio al mercado y las continuas hibridaciones (interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias) en las creaciones y producciones artísticas y culturales, y su mayor cercanía o distancia con el deseo y consumo cultural—. En esta relación, todos los procesos sectoriales de políticas de alguna manera muestran la necesidad de vincularse a procesos de mediación cada vez más efectivos, en los que se incorporen las memorias y relatos, se valoren socialmente y se arrimen a las nuevas prácticas y experiencias culturales. En esa línea, la dignificación del trabajo del artista, del creador, de los cultores, como también del conjunto de agentes involucrados en el ciclo de valor de cada sector ha sido una demanda sentida, en la búsqueda de lograr un lugar de reconocimiento social y de condiciones laborales, previsionales y de salud acorde a la especialidad de sus trabajos, y acorde al reconocimiento de la necesidad de un estatuto que entregue escenarios similares los de cualquier sector laboral con contextos de producción reconocidos por la comunidad y el Estado.
Esta forma de abordar el diseño e implementación de políticas públicas se nutre de la teoría sobre políticas públicas, de la noción de gobierno abierto y pone en práctica una vasta experiencia institucional en la elaboración de políticas públicas sectoriales que tienen como finalidad entregar respuestas coherentes a un sector de la ciudadanía que demanda ser partícipe de los asuntos que son de su interés. De esta forma, el ámbito de lo público se cruza con los intereses de los agentes privados, generándose una gestión que busca mayor transparencia y promueve la colaboración de distintos actores. Detrás de este ejercicio, hay una coparticipación creativa entre el Estado y la sociedad civil, que imprime un valor público distinto a la política y planificación estatal, haciéndolas expresiones vivas y legítimas en la determinación del horizonte y orientación de las decisiones públicas, estableciéndose también un sentido de corresponsabilidad ciudadanía/gobierno en las cuestiones de interés general de la sociedad chilena y, en lo específico, en el desarrollo y fomento de la cultura y las artes.
Claudia Toro Caberletti.[2]Jefa de Políticas Culturales y Artísticas, Departamento de Estudios, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.