Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014: Reflexiones de género – Teresa Valdés E.

El Informe anual 2014 sobre cultura y tiempo libre, elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), corresponde a la duodécima edición de este documento y su objetivo es “medir la cultura” sobre la base de un conjunto de indicadores, de modo de contribuir a la acción pública y privada en esta esfera. Reúne información de diversas fuentes, de los registros administrativos de numerosas instituciones. Mediante un esfuerzo conceptual y metodológico para operacionalizar los conceptos básicos de “dominio cultural” y “ciclo cultural”, cuantifica y mide la participación y el consumo cultural en nuestro país.

Comentar este Informe anual 2014 desde una mirada de género significa analizar qué revela en materia de igualdad o desigualdad entre los géneros en nuestro país, en qué medida el panorama entregado hace visibles inequidades y brechas entre mujeres y hombres, así como la existencia de barreras para la igualdad y qué imagen entrega de los distintos dominios o sectores culturales descritos y de las etapas de cada ciclo cultural. Asimismo, supone apreciar el rol que juega, o puede jugar el Estado, a través de las políticas públicas, para contribuir a la igualdad.

Porque, mirar desde una perspectiva de género significa colocar como marco los compromisos internacionales y nacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos desde 1948 hasta la fecha, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala, en su artículo primero, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]”, y en su artículo dos, “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (ONU, 1948). También, el artículo 13 c) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de. Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por el que los Estados se obligan a asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

El enfoque adoptado por el Informe no incorpora las diferencias y desigualdades originadas en la organización social y política del país ni hace referencia a los derechos culturales que, entre otros, protegen el acceso al patrimonio cultural material e inmaterial y abarcan una amplia gama de cuestiones, como la expresión y la creación, la información y la comunicación, el idioma, la identidad y la pertenencia simultánea a comunidades múltiples, diversas y cambiantes, la búsqueda de formas específicas de vida, la educación y la capacitación, la participación en la vida cultural, y la realización de prácticas culturales (Informe de la Relatora Especial citado).

La entrega de cifras desagregadas por sexo en cada dominio cultural —escasamente diferenciadas por región—, permiten dar cuenta de algunas desigualdades y hacer visible —solo en parte— el aporte de las mujeres a la cultura. Interesa también, identificar el impacto que pueden tener las políticas públicas para la igualdad de género instaladas desde hace más de dos décadas en Chile, también en la institucionalidad cultural.

En efecto, desde el año 1990, con el retorno a la democracia, Chile inició un proceso de incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres como parte de la agenda y las políticas públicas. Ello se produjo porque los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia asumieron un compromiso con la democratización del país, la que debía incluir, como parte del proceso, la superación de las desigualdades entre mujeres y hombres, de modo de garantizar un acceso equitativo a los beneficios, recursos y oportunidades del desarrollo. La acción del movimiento de mujeres de los años 80 había logrado instalar la idea de que la democracia debía incluirlas plenamente, así como sus derechos humanos y sus demandas, poniendo fin a las discriminaciones basadas en el género. Se creó el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y toda una institucionalidad a cargo de esta tarea, se modificó de la legislación, se aprobaron nuevas leyes y se desarrollaron políticas y programas, a nivel sectorial y transversal, nacional, regional y local (Valdés, 2012).

Veinticinco años después se pueden apreciar importantes cambios sociales y culturales en el país, en la posición y condición de las mujeres en la sociedad. Estos cambios se manifiestan día a día en los discursos y prácticas de los más diversos actores(as), pero en especial, entre las y los jóvenes. Las mujeres han ingresado masivamente a la educación superior y al mercado laboral y crecientemente, aunque con más dificultades, a las esferas de poder político y social.

Sin embargo, este informe revela que los esfuerzos por alcanzar mayor igualdad entre los géneros y la instalación de políticas públicas que apuntan en esa dirección, son aún insuficientes. Entre estas políticas públicas cabe mencionar el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999 (Sernam, 1995), desarrollado como herramienta estratégica para “promover la redistribución entre los géneros de los recursos y tareas sociales, derechos civiles y participación, posiciones de poder y autoridad y valoración de las actividades que realizan mujeres y hombres” (Sernam, 1995); el Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000-2010) (Sernam, 2000), que consideró entre sus ejes prioritarios construir “una cultura de igualdad”; los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidad a que dio origen la creación del Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades el año 2000, destinado a “supervisar y dar cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades”; el establecimiento de Compromisos Ministeriales de Igualdad de Oportunidades, a contar de 2001; la incorporación del Sistema de Género al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en 2001^[1]El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Ley nº 19.553, es un instrumento técnico de gestión político-administrativa que apunta a incentivar la calidad del desempeño institucional, en … Continue reading ^[2]El sistema de Equidad de Género del PMG consiste en el compromiso anual de metas y actividades para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en cada institución o servicio, bajo la supervisión … Continue reading y su continuidad hasta hoy; y, finalmente, la Agenda de Género 2006-2010 (Sernam, 2007). Todas estas políticas e instrumentos corresponden a la estrategia de “transversalización de género” adoptada universalmente tras la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) a partir de la constatación del bajo impacto que hasta la fecha habían tenido las políticas y programas que buscaban avanzar en igualdad.

De acuerdo con la definición de Naciones Unidas, la estrategia de la “transversalización de género” se refiere al “proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, en todas las áreas y niveles […] una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se beneficien igualitariamente” (ECOSOC, 2002). Su objetivo último es alcanzar la igualdad de género (PNUD, 2006).

Para ello, contar con información desagregada por sexo es fundamental y desde la creación del Sistema de Género del PMG (2001), muchos organismos públicos publican los datos de sus registros administrativos desagregados por sexo. Así lo revela este esfuerzo conjunto INE/CNCA. Es un avance indiscutible, precisamente porque permite examinar esa información desde las preguntas por la igualdad de género. Sin embargo, es solo un primer paso.

La Agenda de Género 2006-2010 estableció, expresamente, que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes debía: “Promover el acceso de las mujeres a los programas de fomento de la producción cultural”, “Generar mecanismos afirmativos que estimulen la producción artística cultural de las mujeres”, “Asegurar la postulación de mujeres a los Premios Nacionales en sus distintas categorías” y “Difundir, en el marco del bicentenario, los aportes de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer social y cultural” (Sernam, 2007, p. 75), para avanzar hacia la equidad de género durante ese período. Es decir, sobre la base de la información desagregada por sexo, debe desarrollar acciones que vayan cerrando las brechas y levantando las barreras que enfrentan mujeres y hombres para alcanzar la igualdad.

El Informe Anual 2014 permite apreciar algunos resultados de programas desarrollados desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y otros organismos públicos son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), siguiendo los lineamientos de las políticas de género.

Sin embargo, todo ello es aún insuficiente. Son todavía escasos los indicadores que permiten caracterizar la presencia diferenciada de mujeres y hombres en los distintos dominios culturales y muy especialmente, dar cuenta de las desigualdades en el acceso a la producción cultural.^[3]Como se señala en el Informe, “Uno de los mayores problemas para realizar eficazmente el ejercicio de medir la cultura es la propia limitación de los datos, que pueden incorporar sesgos que en … Continue reading Mayoritariamente, la información da cuenta de la presencia/ausencia de mujeres y hombres en cada dominio cultural definido: Patrimonio; Artesanía; Artes visuales; Artes escénicas; Artes musicales; Artes literarias, libros y prensa; Medios audiovisuales e interactivos; Arquitectura, Diseño y servicios creativos; Educación escolar y de soporte; Infraestructura y equipamiento. Está agregada a nivel nacional y solo en algunos casos, desagregada por región. Los datos muestran cómo las actividades de producción y consumo cultural se concentran en la Región Metropolitana y en las grandes ciudades (el centralismo nacional y regional que nos caracteriza), quedando fuera amplios sectores sociales, muy especialmente de mujeres, a lo largo y ancho del país. En el caso de las fuentes de información privadas, es menor la información desagregada por sexo y solo entregan datos totales.

El Informe Anual 2014 sobre cultura y tiempo libre, al igual que toda expresión del quehacer social y cultural, da cuenta del orden de género particular existente en el país. El “orden” o “sistema de género” se refiere a aquella elaboración que las sociedades y las culturas hacen a partir del hecho biológico de la diferencia sexual de los cuerpos de mujeres y hombres. Es un orden cultural que construye, agrega y atribuye un conjunto de funciones o roles, significados y características específicas —estereotipadas— para hombres y mujeres y una determinada división del trabajo, que se basa en la capacidad procreadora de las mujeres. Da pautas, “normaliza” los comportamientos de mujeres y hombres, construye representaciones de lo femenino y masculino y les asigna valores, y establece modelos ideales de ser hombre y ser mujer y de “identidades de género” (Fritz y Valdés, 2006).

Entonces, nuestra sociedad está estructurada y articulada sobre un tipo de relaciones sociales basadas en el hecho de ser mujeres u hombres. Estas relaciones incluyen una jerarquía de género, es decir, otorgan cuotas de poder diferenciadas a mujeres y hombres, desarrollan reglas y normas —más o menos explícitas— que definen la asignación de recursos, tareas y responsabilidades. En el centro de esta organización social está la división del trabajo basada en el sexo, o “división sexual del trabajo”, que ha asignado a las mujeres, por gestar y reproducir a la población, el llamado “trabajo reproductivo”, trabajo doméstico o de cuidado. Más allá de la reproducción biológica/humana, incluye la mantención cotidiana de las personas y por lo tanto, de la fuerza de trabajo, pero también la reproducción, la transmisión social y cultural para la vida colectiva. Las mujeres no solo reproducen físicamente la sociedad al dar a luz a nuevos miembros, sino que también tienen encomendada la reproducción de la cultura dominante de su comunidad o sociedad. Es un trabajo que se realiza de preferencia en los hogares, pero no exclusivamente, sin retribución económica, salvo cuando es realizado por una persona contratada especialmente para ello, como un “servicio”. En síntesis, este orden ha asignado a las mujeres la responsabilidad primordial del cuidado de la familia.

Por su parte, ha asignado a los hombres, secularmente, la responsabilidad del sustento económico familiar y por tanto, el “trabajo productivo” que incluye las actividades necesarias para la mantención personal y del grupo familiar, a través de la producción de bienes o servicios por un ingreso en el mercado. Generalmente, este trabajo se desarrolla fuera del hogar. También este orden les ha asignado la responsabilidad de la organización social y política de la comunidad, y por ello, históricamente han concentrado el poder en todas las esferas del quehacer social. Aquí reside uno de los elementos centrales de la subordinación de las mujeres y de las diferencias de poder.

Los procesos de modernización, sin embargo, han venido, desde hace más de un siglo, alterando esta división sexual del trabajo, por cuanto las mujeres han ingresado al espacio público, al mercado laboral, al trabajo comunitario y social y a la política, y crecientemente las generaciones jóvenes de hombres asumen tareas reproductivas y de cuidado. Lo que no ha logrado la modernización es la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas productivas, reproductivas, sociales y políticas. De hecho, las mujeres siguen masivamente a cargo de las actividades reproductivas y domésticas, lo que da origen a una doble o triple jornada de trabajo (productivo y reproductivo) (PNUD, 2010). En términos económicos, ello significa que las actividades desarrolladas en el ámbito doméstico y de cuidado, que no son retribuidas económicamente, sustentan y subsidian las actividades productivas de la economía nacional.

Si el género es uno de los ejes de la estratificación social, ello significa que está indisolublemente imbricado con las demás estructuras de diferenciación existentes en la sociedad: clases sociales, raza o etnia, lugar de residencia, generaciones, etc. Por ello, las desigualdades de género adquieren especificidad en las distintas categorías sociales, ampliando brechas y barreras de acceso a la participación en las esferas económica, política, social y cultural. En este caso, a la producción y el consumo culturales. No es lo mismo nacer en Lo Espejo que en Parinacota, Coyhaique o Vitacura.

Este orden de género, que es social y cultural, se instala y reproduce a través de la socialización temprana en la familia y después en todos los ámbitos de acción social y cultural, en instituciones como el sistema educacional, las religiones, el mercado, el orden jurídico y todas las estructuras del Estado. Por lo tanto, está presente en la salud, la economía, la educación, el trabajo, la política, etc., y se manifiesta en las diversas esferas de acción, sean públicas o privadas.

Las mujeres juegan un papel fundamental en la reproducción social y cultural, desde el espacio familiar y doméstico, como portadoras de significados, normas y valores, y por el rol que les ha asignado la cultura en la división sexual del trabajo. Es decir, son agentes culturales de primer orden. Ello contrasta con su falta de influencia histórica en los procesos de toma de decisiones que las afectan y sus limitadas oportunidades para impulsar el desarrollo de la vida cultural. Esto da origen a un doble desafío: por una parte, visibilizar el aporte de las mujeres a la producción cultural, y por otro, desarrollar políticas que les permitan participar e influir en los distintos dominios culturales.

Este diagrama del Modelo de Iceberg en la cultura, que incluye el Informe Anual 2014 (pág. 11), es aplicable totalmente a la participación de las mujeres en la cultura y permite visualizar cómo el orden de género determina lo que se puede reconocer y medir en la llamada “cultura manifiesta”, constituida por las acciones concretas y materiales del quehacer cultural, pero que está oculto a la observación directa, que no logra ser captado sin dispositivos conceptuales y metodológicos especiales. A ello apunta el análisis de género.

Los datos entregados por el Informe Anual 2014 pueden ser considerados “indicadores de género” en la medida en que revelan jerarquías de género, privilegios masculinos, estructuras que favorecen el dominio masculino, la valoración diferenciada de lo masculino y lo femenino, los límites y barreras que encuentran las mujeres, la existencia de reglas informales, implícitas en las prácticas sociales, que favorecen la presencia de mujeres y hombres en determinadas organizaciones, o la reclusión de ellas en el ámbito privado.

El panorama entregado muestra la división sexual del trabajo, una separación entre tareas o actividades consideradas “femeninas” o “masculinas”, desde la elección de carreras profesionales y universitarias, y también aquellas “feminizadas” por el ingreso masivo de mujeres a las mismas. Se aprecian jerarquías de género y la distribución del poder en la creación y producción cultural, así como en el empleo. Esta desigualdad de poder se origina en la división sexual del trabajo y en el distinto valor otorgado a las actividades desarrolladas por hombres y mujeres, que tiene como expresión directa la remuneración por dicho empleo.

Se presenta información desagregada por sexo respecto de educación, formación y capacitación en sus distintos niveles (pregrado, técnico, postgrado, etc.), la participación en organizaciones de actores de la cultura —artistas, en general— y el empleo formal y sus remuneraciones en cada dominio, pero no se entrega datos desagregados por sexo para la mayoría de las etapas del ciclo cultural en cada dominio. Hay información minoritaria de algunos programas públicos, lo que permite constatar la diferencia entre la acción del mercado y la acción pública, que responde a objetivos políticos de igualdad.

En la esfera de la educación formal, espacio en el que las mujeres han alcanzado la paridad en la matrícula en el nivel escolar hace un par de décadas, los datos muestran la división entre carreras y profesiones tradicionalmente femeninas y masculinas, con distintas valoraciones que las jerarquizan. Son las actividades que se han trasmitido a niñas y niños como adecuadas a su género. En el caso de las niñas, actividades que se pueden desarrollar más en el espacio doméstico o comunitario, cumpliendo roles reproductivos y productivos. En el caso de las actividades “masculinas”, se llevan a cabo en el mercado y son muy exigentes en cuanto a tiempo de dedicación, además de la distinta valoración en profesiones y carreras humanistas o técnicas. Algunas profesiones se han ido “feminizando”, por el interés creciente de mujeres de participar en ellas, y con ello, han bajado las remuneraciones que paga el mercado.

Es decir, la elección de carrera o profesión está fuertemente marcada por el orden de género vigente, por el lugar que ocupa cada adolescente en el grupo familiar y las expectativas diferenciadas sobre ellos —de la familia y de la sociedad— si se trata de mujeres u hombres, con respecto a los roles que deberán desempeñar en el futuro.

Según este Informe Anual 2014 las mujeres superan el 60% de la matrícula en programas relacionados con Patrimonio, Artesanía, Artes visuales y fotografía, Artes escénicas y Artes literarias, Libros y prensa, y comparten con los hombres, bordeando el 50%, Arquitectura, Diseño y servicios creativos, y Educación escolar y soporte. Los hombres, en cambio, superan el 80% de la matrícula en Artes musicales y en el área de Infraestructura y equipamiento, y el 60% en Medios audiovisuales e interactivos.

Es decir, los hombres se concentran mayoritariamente en aquellas carreras de tipo más tecnológico o de producción: Producción musical, Animación y videojuegos, Audiovisual, Comunicación audiovisual y multimedia, Locución, Técnico audiovisual, Informática y robótica, todas actividades de mayor prestigio —consideradas “masculinas”—, y mejor posicionadas y remuneradas en el mercado. También en profesiones que requieren mayor dedicación desde la infancia, como la Música. Las mujeres, en cambio, lo hacen en carreras expresivas, literarias y artesanales, con menor uso de tecnologías: Artesanía, Danza, Teatro, Editorial, Literatura —consideradas “femeninas”—, que tienen menor valoración social y perciben remuneraciones inferiores en el mercado y que permiten compatibilizar las tareas productivas y reproductivas.

La mayor diferencia por sexo se da en el área Infraestructura y equipamiento, en que la matrícula masculina es más de ocho veces mayor que la matrícula femenina, seguida por las artes musicales, en que quintuplica la matrícula de mujeres. Sumada toda la matrícula, los hombres constituyen el 62,7% y las mujeres solo el 37,3%, y esta baja participación general se reflejará después en el mercado de trabajo y en los salarios.

Siendo la educación escolar un ámbito prioritario de la política pública, reconocida a nivel constitucional como un derecho que debe ser satisfecho por el Estado, al menos para los sectores de menores ingresos, uno de los mecanismos utilizados han sido las becas entregadas de acuerdo con diferentes criterios, en especial, el avance hacia la igualdad social. La institucionalización de políticas y programas hacia los pueblos originarios tienen resultados interesantes, que se relacionan con las dinámicas desatadas desde el orden cultural dominante en diálogo o conflicto con las culturas ancestrales. En el ámbito deportivo, las políticas públicas tienen un creciente componente de género que se refleja en la información entregada.

La Ley nº 19.253 (Ley Indígena, 1993), junto con reconocer diferentes pueblos habitantes en el territorio nacional, estableció mecanismos para su reconocimiento y acceso a políticas y programas de acción afirmativa, no solo en virtud de la deuda histórica con los pueblos que nos precedieron, sino por la grave confluencia entre condición étnica y pobreza. Las mayores desigualdades existentes en el país se dan entre la población indígena y no indígena. El primer paso es el reconocimiento de la calidad indígena de las personas y por ello, año a año se suman mujeres y hombres a la categoría indígena. El Informe Anual 2014 revela que más mujeres que hombres solicitan ese reconocimiento, articulando una multiplicidad de condiciones y mandatos sociales y culturales. Al mismo tiempo, muestra que es un proceso que se da en todas las regiones del país, a pesar de no reconocerse Chile aún como nación multicultural.

Las becas otorgadas a integrantes de pueblos originarios, entre las que destacamos aquellas para educación superior, repiten este patrón. En todas las regiones, las mujeres obtuvieron sobre el 60% de las becas entregadas por el Estado.

Las becas para programas de posgrado entregadas el año 2014 reproducen y amplían el patrón observado con las becas en educación superior: se entregaron 121 a mujeres (72%) y 45 para hombres indígenas (28%). Otro tanto sucede con los recursos entregados mediante subsidios de capacitación y especialización de profesionales y técnicos indígenas, asignados mayoritariamente a mujeres.^[4]Es lamentable que la información sobre los demás fondos de los Programas de Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, de Recuperación y Revitalización de las Lenguas y de Manejo y … Continue reading

En relación a los deportes, actividad fuertemente marcada por los estereotipos de género y por la división sexual del trabajo, el documento entrega escasa información desagregada por sexo, si bien informa de programas y competencias específicas para mujeres, es decir, acciones orientadas a incorporar niñas, mujeres y adultas mayores a las actividades deportivas en general. Solo permite conocer el apoyo a mujeres deportistas de alto rendimiento. Entre las competencias para mujeres, la referida a “Mujer y deportes” reunió a 131.162 participantes. El Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento (PRODDAR) favoreció a 242 hombres (62,7%) y solo a 144 mujeres deportistas, el 88% de ellas, de la Región Metropolitana. Sin embargo, los proyectos aprobados por el Instituto Nacional del Deporte beneficiaron a mujeres y hombres casi por igual (Fondo Nacional para el Fomento del Deporte).

El otro ámbito estratégico para visualizar el orden de género y que cuenta con información desagregada por sexo, es el del empleo y las remuneraciones en empresas de cada dominio cultural. Esta información se refiere solo al empleo formal informado por las distintas fuentes,^[5]Asociación Chilena de Seguridad (ACCHS), el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y el Instituto de Seguridad Laboral … Continue reading es decir, número de trabajadoras y trabajadores y el promedio de sus remuneraciones.

La elección de profesiones o carreras se manifiesta en la distribución de empleo femenino en el sector. La mayor proporción de mujeres trabajadoras está en los dominios Artesanía y Artes visuales y fotografía, donde alcanzan casi el 60%. Estas cifras son coherentes con la matrícula en carreras asociadas a estos dominios. No sucede igual con Patrimonio, Artes escénicas y Artes literarias, libros y prensa, en que la matrícula de mujeres supera el 60%. En su conjunto representan solo el 36,3% del empleo del sector y la brecha salarial, respecto de los hombres, es casi del 17%. La menor participación femenina se da en Infraestructura y equipamiento, con apenas el 27,7% de los puestos de trabajo, dominio en que las mujeres representaban solo el 10,8% de la matrícula. Es también el dominio con la mayor brecha salarial, casi un 30%. Solo en Patrimonio las mujeres tienen remuneraciones promedio mayores a las de los hombres (21%).

El dominio cultural que da mayor empleo es Arquitectura, Diseño y servicios creativos, y allí los hombres ocupan el 63,6% de los puestos de trabajo (26.544), una proporción mayor que la que tienen en la matrícula en las carreras correspondientes a ese dominio.

Los datos sobre empleo en las radioemisoras permiten apreciar las jerarquías de género. En su conjunto, las mujeres ocupan solo el 28% de los puestos de trabajo, pero su mayor participación se da en la categoría administrativos, mientras la menor se da entre los técnicos y directivos. No se trata solo de los cargos directivos, que son la norma general, sino que las radioemisoras, y en general las comunicaciones, concentran profesiones y oficios técnicos prioritariamente masculinos. El ingreso mujeres ha sido tardío y principalmente como periodistas y administrativas.

La asociatividad de creadores, artistas y actores muestra la presencia/ausencia de mujeres. Son conocidos los liderazgos femeninos en Chileactores y en Sidarte, ambas organizaciones con alta participación de reconocidas artistas. Por el contrario, la SCD, que tiene el mayor número de asociados, no tiene ninguna mujer integrante en su directorio. Aquí opera la pirámide, según la cual, la participación de las mujeres se da a nivel de base, y no se refleja en los niveles directivos. Esta distribución se da en las organizaciones sociales, al igual que en las empresas, las instituciones públicas y privadas.

El Informe Anual 2014 casi no entrega información desagregada por sexo en cuanto a la apropiación y consumo culturales; se entregan datos totales, salvo en cuanto a las visitas a Reservas Naturales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Pero incluso con esta escasa información es posible apreciar diferencias que aluden al orden género. Si se examina los destinos, la distribución por sexo de los 2.510.648 visitantes a los parques en 2014 es pareja, pero hay destinos masculinos y otros femeninos. Las mujeres prefieren Rapanui, Río Clarillo, Puyehue, la Cueva del Milodón y Chiloé, mientras los hombres visitaron mayormente La Campana, el lago Peñuelas, Altos de Lircay, Malalcahuello, Villarrica, Ñielol, Queulat, Torres del Paine y Coyhaique. Sin duda, el tipo de actividad, las dificultades que presentan estos diferentes destinos, los deportes que proveen, están también asociados más a un género que al otro.

En síntesis, el Informe Anual 2014 muestra desigualdades de género en el acceso a carreras profesionales ligadas a la cultura, jerarquías de género que se traducen en brechas salariales, el peso de la división sexual del trabajo que se constituye en barrera para el acceso, la participación y disfrute de la vida cultural. De hecho, el título Cultura y tiempo libre. Informe Anual 2014, puede ser considerado una ironía, puesto que una de las consecuencias que tiene el orden de género descrito es la falta de tiempo libre que aqueja a las mujeres, especialmente cuando participan en el mercado laboral. De hecho, se plantea que las mujeres tienen “pobreza de tiempo” o que se les “roba tiempo” al desarrollar gran parte del trabajo no remunerado que la sociedad necesita. El no destinar recursos para el trabajo doméstico, la atención y el cuidado —tareas que realizan las mujeres— las hace más pobres, porque se les está “robando” tiempo remunerado o tiempo de descanso (PNUD, 2006).

Sin duda, contar con esta información y con series estadísticas en el campo de la cultura constituye un valioso punto de partida para decisiones de política. Permite elaborar un diagnóstico, identificar brechas en distintos ámbitos —territoriales, de género, entre grupos socioeconómicos, étnicos, generaciones, etc., dando pie para la formulación de políticas, sean legislativas, sectoriales, locales, y permiten monitorear y evaluar el impacto de programas, medidas, y políticas en general.

Ello supone adoptar un enfoque de derechos culturales que se pregunte por el acceso y garantía de dichos derechos, comprometidos por el Estado. El enfoque de igualdad de género y de derechos humanos se pregunta por la medida en que determinadas normas o procedimientos tienen impactos diferenciados por género, pues no son neutrales. Todos los programas, proyectos y acciones que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al igual que las demás instituciones del ámbito cultural, afectan, directa o indirectamente, a toda la población que está constituida por mujeres y hombres. Una política, programa o acción puede afectar positiva o negativamente la igualdad entre mujeres y hombres: positivamente, si contribuye a acortar las desigualdades existentes en el ámbito de la cultura, pero también puede aumentar las desigualdades o perpetuarlas si no las compensa y contribuye a mantenerlas. La desigualdad, en sí misma, significa una denegación de derechos.

Es tarea del CNCA desarrollar políticas y programas que expresamente apunten a eliminar las desigualdades, incluidas las de género, haciéndose cargo de la “diligencia debida” para garantizar los derechos humanos de toda la población.

Referencias bibliográficas

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Teresa Valdés E.^[6]Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Salud. Integrante del Observatorio de Género y Equidad.