La modernización de las bibliotecas públicas en la sociedad de consumo: el caso inglés y su reflejo en el chileno

Las bibliotecas públicas, al igual que otras instituciones ligadas a la cultura, han tenido que cambiar radicalmente en los últimos quince años en términos de estructura, administración y llegada al público. Ante el riesgo de desaparecer, han debido entrar en un proceso de modernización para volverse eficientes y para ajustar su misión a los requerimientos de las personas en la llamada sociedad de consumo o, más recientemente, la era digital.

El proceso de modernización, que viene directamente de las políticas culturales del Estado, cambia la conformación y el manejo de las bibliotecas públicas para ajustarse a la economía de libre mercado y, al mismo tiempo, intentar democratizar el consumo de bienes culturales. El concepto de modernización que usaremos es el que proviene de la teoría sociológica crítica vinculada con la racionalización y las relaciones cambiantes entre estructuras y agentes sociales (Bech, 1992, p. 2).

Chile se ha inspirado en el modelo anglosajón de políticas culturales que considera cultura y comercio como un matrimonio común desde los años ochenta. Bajo esta lógica ha asumido nuevas necesidades y ha adherido a la tendencia de las bibliotecas públicas que buscan ajustarse a este nuevo discurso y ser competitivas en el mercado cultural. Actualmente, nuestro país cuenta con más de 450 bibliotecas públicas de las cuales dos tercios ya están automatizadas, es decir, modernizadas. Hoy las autoridades del ámbito han probado la necesidad de la existencia de las bibliotecas como servicio público y están creando nuevas estrategias para atraer visitantes, considerando que estas instituciones tienen que competir con otros productos culturales de la economía de libre mercado. La Ministra de Cultura del Reino Unido del año 2010, Margaret Hodge, usó estos términos en su discurso introductorio sobre la Política Modernización de las bibliotecas públicas: “Con más ramas que el McDonalds o Boots y más visitas a bibliotecas que compradores en el West End, la red de bibliotecas públicas es un triunfo en infraestructura y marca” (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, 2010, p.1).

Como establecen los autores del libro La autoridad del consumidor, desde años recientes los servicios públicos también tienen que utilizar herramientas comerciales para mantener a su público interesado. “Es más bien un asunto de productores adoptando y desarrollando repertorios discursivos de la publicidad y el marketing como una forma de mantener el control sobre los consumidores” (Keat, Whiteley y Abercrombie, 1994, p. 4).

En diciembre de 2009, el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Reino Unido realizó una encuesta buscando la opinión de una amplia gama de personas en torno al futuro de las bibliotecas públicas. Con esta información se estableció un plan de acción para su servicio, con el fin de adaptarlas a la nueva realidad del siglo XXI. El texto dice que el objetivo central de este reporte es “ayudar a las bibliotecas a adaptarse a la revolución de internet, tomar las oportunidades de la tecnología digital, responder a la baja en el uso de servicios existentes, el actual clima económico y la expectativa del público de recibir servicios más orientados al consumidor.” La intención de este informe también era el de “demostrar a los ciudadanos, expertos y políticos que las bibliotecas todavía son relevantes y vitales” (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, 2010, p. 3).

Uno de los principales cambios en los servicios públicos hoy es que ya no atienden usuarios sino consumidores que esperan las mismas características y calidad que reciben en cualquier otro servicio o bien cultural que adquieren. “Aquellos que están involucrados en instituciones culturales, educacionales y organizaciones de servicio público son constantemente instados por sus mentores políticos a tratarlas de acuerdo al concepto utilizado en la adquisición de bienes y servicios producidos para el intercambio —esto es commodities— en la economía de libre mercado” (Keat et. al., 1994, p. 1).

El concepto sociedad de consumo ha sido utilizado desde los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y está directamente asociado con el consumo de bienes como un interés creciente de la vida. Desde aquel tiempo, las sociedades se han organizado alrededor de este interés y la propensión del consumo ha sido extendida a una gama más amplia de actividades humanas, por lo tanto, las personas se ven como consumidoras en más áreas de sus vidas. El problema que esto acarrea es que no todos los ciudadanos son capaces de participar y tener acceso a esta nueva estructura social. Zygmunt Bauman argumenta que “todos nosotros estamos condenados a una vida de elecciones pero no todos tienen los medios para ser electores” (Bauman, año 1993, citado en Keat et. al. 1994, p.8). En este mismo sentido Keat establece que “no solamente hay muchas personas excluidas de este paraíso consumidor sino que la organización de la sociedad en torno al consumo despolitiza la sociedad como un todo” (Ibid).

Es aquí donde el Estado entra a participar, a través de los servicios públicos, para asegurarse de que los ciudadanos puedan aspirar a cierta igualdad de oportunidades. Las bibliotecas públicas, en este sentido, suponen ser entes democráticos que entregan herramientas a los ciudadanos para que puedan participar en la sociedad. Uno de los ejes de las políticas culturales en Chile (2011-2016) es la participación ciudadana, incentivando el “consumo y apropiación de bienes y servicios culturales, con un fuerte énfasis en la creación de hábitos de consumo en su sociedad y en la participación de la vida social cotidiana, sin distingos, respetando la diversidad” (Consejo de la Cultura y las Artes, 2011, p. 51). Al mismo tiempo, las políticas nacionales hablan de la importancia de “promover la formación de hábitos de consumo artístico-culturales en la comunidad” (Ibid, p. 56).

Por su parte, en las políticas actuales del Reino Unido existen tres objetivos principales para las bibliotecas públicas: promoción de la lectura y aprendizaje informal (considerando el rol que cumplen en la alfabetización), acceso a conocimientos digitales y servicios, incluyendo el e-goverment y las medidas para combatir la exclusión social, construir identidad comunitaria y desarrollar sentimiento ciudadano.

Como Keat, Whiteley y Abercrombie establecen, el empoderamiento de los ciudadanos que les permite operar efectivamente en el sistema de mercado depende de la entrega de recursos necesarios, capacidad e información.

El informe “Digital Britain” dice que alrededor del 80% de la población de UK está online y que los ciudadanos ven el acceso a internet como un derecho. En Chile, el punto número 11 de las políticas culturales habla de la importancia de promover el intercambio de contenidos culturales a través de las nuevas tecnologías de la comunicación con un fin integrador. Como afirma Winward, la obtención de información para el consumidor puede ser vista como un beneficio con derecho propio, “la maestría de la persona cultural conlleva un aparente maestría ‘natural’ no solo de información sino también de cómo usar y consumir apropiadamente y con comodidad en cada situación” (Winward, 1994, citado en Keat et. al, 1994 p82). Como Featherstone dice: “El conocimiento de un producto puede ser visto como un agregado a las formas en la que ese producto puede actuar como un ítem cultural” (Featherstone, 1991, citado en Keat et. al., 1994, p. 84).

Podemos afirmar que las bibliotecas son proveedores de bienes culturales vistos hoy como commodities que acarrean no solamente un valor físico sino uno simbólico. Como las bibliotecas solamente prestan estos bienes, lo que ofrecen es solo el valor simbólico a los usuarios o clientes. Teóricos culturales como Bauman argumentan que cuando tú compras un bien “lo que está siendo vendido no es solo el valor de uso directo del producto en sí mismo, sino su significancia simbólica como la construcción de un particular y cohesivo estilo de vida” (Bauman, 1994, citado en Keat et. al., 1994, p. 84).

En este sentido, como se plantea en The authority of the consumer, en una sociedad de consumo no es solo que la cantidad de objetos para ser consumidos aumente sino que la función o significado cultural del consumo en sí mismo está cambiando. En el caso de las bibliotecas, el valor real es el capital cultural que los usuarios ganan. Como pueden elegir libremente y en altas cantidades, pueden intentar satisfacer sus deseos como consumidores.

La discusión acerca de bienes y consumo ha sido tomada por otros teóricos de la cultura como Jean Baudrillard y Pierre Bordieu. Baudrillard plantea que “las commodities son compradas y exhibidas tanto por su valor de signo como por su valor de uso y que el fenómeno del valor signo se ha convertido en un constituyente esencial de estas en la sociedad de consumo” (Stanford Encyclopedia de Filosofía). De forma similar, Bordieu relaciona consumo de bienes y servicios en sociedades modernas no a la satisfacción de deseos materiales y necesidades, sino como un signo de los gustos de una persona o posición en un grupo social.

El mencionado cambio desde los usuarios a los consumidores de las bibliotecas públicas también ha influenciado los cambios de estructura de estas instituciones y, por este motivo, la administración de las mismas. Los autores de The authority of the consumer afirman que hay desacuerdos en cuanto a si los consumidores deben poseer o serles concedida aquella autoridad, o si esto necesariamente sería deseable.

Una de las opiniones es que esto, en principio, puede ser un desarrollo bienvenido y que puede desafiar desacreditadas formas de elitismo cultural y autoridad profesional y, por lo mismo, involucrarse en un movimiento hacia una genuina democratización. Esto es lo que está pasando con las bibliotecas públicas, donde la autoridad de los bibliotecarios ya no actúa como cortafuegos entre el público y los bienes culturales que están generalmente exhibidos para que los visitantes los consulten libremente. También el personal de las bibliotecas está formado por equipos multidisciplinarios, para poder responder a las diferentes necesidades de los consumidores, eliminando a su vez las estructuras jerárquicas.

Saunders critica el sistema burocrático asistido donde el antiguo usuario, en oposición al consumidor en la economía de mercado, no tiene ninguna posibilidad de elegir. Considera que la expansión de las formas del mercado, o cuasi mercado, de las organizaciones trae consigo una declinación de otras, más tradicionales, formas de autoridad. En este sentido, Keat, Whiteley y Abercrombie establecen:

En el Smarter Government’s White Paper el Primer Ministro, Gordon Brown, habla acerca de ahorrar lo necesario y tomar decisiones duras con las prioridades de gasto de las instituciones públicas. También menciona una “radical dispersión del poder, donde la gente tendrá garantías ejecutables sobre los servicios que recibe y el staff de servicios tendrá gran libertad sobre los servicios que entrega” (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, 2010, p. 7). Agrega que esta dispersión del poder es la etapa siguiente en la reforma del servicio público. “Los servicios públicos mejorarán en cuanto se vuelvan más personales y rentables y, al mismo tiempo, estrecharán la deliberación democrática y control en las comunidades locales.” (Ibid, p. 8).

Como explica Celia Lury, las políticas culturales en UK, que emergen en los ochenta, se han caracterizado por una reducción económica del gasto explícita y un implícito soporte al conservadurismo artístico, concebido como civilizador. En el texto The impact of Thatcherism in the arts council, Anthony Becks establece que “la reducción económica del presupuesto público y la destinación de parte de él para incentivar esquemas de financiamiento, son presiones para estimular a las instituciones ligadas al arte a que aprendan como pescar: volverse más eficientes y comercialmente enfocados, más autosuficientes” (p. 369). Bech agrega que la política de desligar al mundo de las artes de la mentalidad del estado de bienestar está en la misma línea con la estrategia cultural de la Thatcher revolution que instala el negocio como el tipo ideal de toda actividad social —entendiendo negocio como la representación mítica del capitalismo temprano, emprendedor, aventurero, progresista—” (p. 369). En este sentido, el financiamiento plural, mediante el cual las finanzas públicas y nacionales están teóricamente suplementadas por patrocinio privado o soporte comercial, fue presentado como la ruta para cualquier expansión en las artes.

Desde 1985 se implementó el acercamiento entre lo que se ha llamado industrias culturales y las políticas culturales en UK. En Chile empieza a hablarse de industrias culturales paralelamente a la creación del Consejo de la Cultura y las Artes en 2003 y la redacción de las primeras políticas culturales en el año 2005. Actualmente, el segundo punto de los objetivos de nuestras políticas culturales plantea “visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo” y establece que “las industrias culturales como estrategias de desarrollo basadas en la protección y fomento de la economía vinculada al arte y las expresiones culturales, también tienen un papel importante en la creación de contenidos, en el fortalecimiento de las identidades locales y en la difusión internacional de los imaginarios que queremos proyectar como país” (CNCA, 2011, p. 49). Lury plantea que “este acercamiento hace uso de un entendimiento de los objetos culturales y servicios como commodities, producidas, marketeadas y distribuidas por industrias dependientes de habilidades, entrenamiento e inversión. (Lury, 1992, citado en Keat et. al., 1994, p. 141).

En lugar de ver el proceso de comodificación como un proceso inherentemente problemático para las artes, proponentes de esta visión sugirieron que el efecto de la separación tradicional de la cultura del comercio era marginar las políticas públicas y hacerlas reactivas a los procesos que ciegamente negaban o trataban de controlar (Keat et. al., 1994, p. 142).

Como Kieron Walsh establece, a comienzos de los noventa, el debate sobre el adecuado acercamiento a la organización y administración de los servicios públicos fue ampliado a una discusión sobre asuntos de ciudadanía, derechos y la naturaleza del Estado. En 1991 el Primer Ministro John Mayor, en Citizen’s Charter presentó un bosquejo de agenda sobre el futuro de los servicios públicos que funcionó como reforma de la naturaleza de dichos servicios y su administración para poder introducir el control ciudadano. Siguiendo las teorías de Will Kymlicka, el autor establece que hay dos maneras de acercarse a la comprensión de la naturaleza de la ciudadanía. La primera es la concepción liberal, enfatizando la primacía del individuo sobre la comunidad y el Estado, donde los individuos debiesen ser libres para perseguir sus propios objetivos, lo cuales son mejor alcanzados a través del libre mercado. La segunda concepción de ciudadanía está basada en la primacía de la comunidad sobre el individuo, argumentando que los significados individuales derivan de la pertenencia a un grupo, toman sus significados de este y piensan de acuerdo con las instituciones existentes en la comunidad.

Una de las principales justificaciones para la existencia de las bibliotecas públicas ha sido el rol comunitario que estas cumplen y sus funciones basadas en el contexto de la necesidad local.
Los servicios modernos de bibliotecas no operan independientemente, colaboran localmente con una amplia gama de socios privados, públicos y del tercer sector porque trabajan mejor cuando se integran con estos servicios. Los mejores líderes locales están claros de las oportunidades que entrega el servicio de bibliotecas para la solución de necesidades locales. (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, 2010, p. 45).

El cambio de estructura y administración que la modernización de las bibliotecas públicas ha traído consigo ha sido un proceso complejo que ha tenido que congeniar dos posiciones diferentes con respecto a consumo y ciudadanía. Por un lado, las bibliotecas tienen que responder a necesidades y deseos ilimitados de los individuos en la era digital y del consumo para competir con otras ofertas culturales en la economía de libre mercado. Por otro lado, se trata de mantener el rol educativo y comunitario original que han tenido desde su creación, para justificar su existencia.

Consumo y comunidad pareciesen ser conceptos contradictorios, uno surge desde las prioridades individuales y, el otro desde el bien común. Sin embargo, tiene sentido que los valores comunitarios tomen fuerza en la sociedad despolitizada y consumista de hoy. Es posible sostener que el rol de democratización de bienes culturales es el logro principal de estas instituciones. Las bibliotecas públicas aún se ubican en una posición importante respecto de los servicios públicos en el mundo entero y permanecerán siendo un refugio para comunidades e individuos, no importando si las visitan para obtener un bien de consumo o una fuente de conocimiento y aprendizaje.

Referencias bibliográficas

Bech, Ulrich (1992): Risk Society, towards a new modernity. London, Sage publications.

Beck, Anthony (1989): “The impact of Thatcherism in the arts council”, en Parliamentary Affairs, volumen 42, Issue 3, julio 2013 [versión digital] disponible en: http://pa.oxfordjournals.org/cgi/reprint/42/3/362.pdf

Consejo de la Cultura y las Artes (2011): Política cultural 2011-2016, Santiago, Consejo de la Cultura y las Artes.

Keat, Russel, Whiteley, Nigel y Abercrombie, Nicolas (1994): The authority of consumer, Nueva York, Taylor & Francis.

Baudrillard, Jean. Stanford Enciclopedia de Filosofía [Version digital]. Publicado: sin fecha. Consultado: 8-2010.

Bauman, Zygmunt. Instituto de Estudios Avanzados en Cultura. Universidad de Virginia. Web iasc-culture.org. Publicado: sin fecha. Consultado: 12-2009.

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María Constanza Castro Molinare.^[1]Periodista, Mg. En Literatura Hispanoamericana PUC. Mg. Industrias Creativas Kings College London, UK. Académica Escuela de Periodismo UCN.