La relación entre política y cultura ha sido estudiada desde hace años en países latinoamericanos, sobre todo a raíz de los procesos democratizadores de las décadas de los 80 y 90 (García-Canclini, 1987; Wortman, 2005). Los diversos casos de dictaduras militares en el continente y sus respectivas transiciones a la democracia (con distintos niveles de consolidación y calidad) fueron muy relevantes a la hora de analizar esta relación. Los gobiernos, al ofrecer orientaciones determinadas en las acciones culturales, están mostrando una cierta identidad colectiva que quieren forjar (Quaggio, 2011). Los análisis de los períodos de transición desde una dictadura a una democracia en diversos países latinoamericanos, pero también en otros casos como el español, resultan de sumo interés a la hora de estudiar el campo cultural y el modo en que la dimensión político-ideológica influye en este. Sin embargo, algo que se ha estudiado en menor medida es lo que ocurre cuando hay cambio de gobiernos de distinta ideología política, pero ambos en un contexto democrático.
Haciendo una revisión del campo cultural en Chile desde los años 60, se puede vislumbrar el grado –mayor o menor– de influencia política en el diseño y la ejecución de políticas culturales. La década de los 60 en Chile fue crítica en lo social, lo político y lo económico. La sociedad chilena estaba sumida en el fracaso del modelo económico de sustitución de las importaciones, al mismo tiempo que surgieron diversos movimientos sociales de protesta y el sistema político se desestabilizaba. La cultura, por supuesto, no quedó fuera de este proceso y vivió grandes transformaciones. Tanto el gobierno de Frei como el de Allende llevan a cabo reformas estructurales en el país, siempre escuchando las crecientes demandas sociales y culturales de la población. En el campo específico de las políticas culturales, Frei Montalva fija su atención en la democratización cultural, incorporando a los sectores populares y rurales a otras formas de creación como la cultura de masas y la cultura popular. Allende sigue en la línea de acercar a los más necesitados a la cultura, teniendo como ejemplo concreto el desarrollo de la Editorial Quimantú. Se pretendió aplicar una política cultural activa, donde la acción del Estado se extendiera a la mayor cantidad de gente posible, siempre teniendo como prioridad a las clases más populares de la sociedad. Esto termina abruptamente con el golpe militar.
Todos los documentos que existen sobre las acciones culturales llevadas a cabo durante la dictadura militar reflejan un panorama de desorden en la materia. No existió durante el período de Pinochet una política cultural de gobierno y menos de Estado. Durante los 17 años de dictadura hubo fundamentalmente dos orientaciones básicas en lo que a cultura se refiere (Antoine, 2004). En una primera etapa, existía una línea totalizante y homogeneizante, donde se podía apreciar una tendencia cultural de corte nacionalista. Aparecen las concepciones de Doctrina de Seguridad Nacional, nacionalismo cultural y el pensamiento católico tradicional. Ya hacia fines de la década de los 70, la influencia de este pensamiento totalizante comienza a debilitarse, dando paso a una concepción que se acomodaba a los preceptos neoliberales que se instalaban en la sociedad chilena. Por lo tanto, las acciones culturales estuvieron orientadas hacia la alta cultura en el sentido conservador, elitista e ilustrado del término (Catalán y Munizaga, 1986). Esta visión excluía de plano la participación de las masas en la vida cultural -justo lo opuesto que ocurrió en los gobiernos de Frei y Allende-, puesto que era una concepción cultural que provenía de los estratos socioeconómicos más altos de Chile quienes tenían la sensibilidad estética para gozar de la cultura, sobre todo de las expresiones artísticas provenientes de Europa. Lo popular era mirado en menos, considerándose casi pintoresco. El Estado tenía cada vez menos incidencia en los asuntos culturales, quedando esta responsabilidad adscrita a corporaciones privadas o centros culturales de municipios.
El retorno a la democracia en 1990 vuelve a poner el acento sobre el rol que debía tener el Estado en materia cultural. Los criterios que guiaron la intervención estatal en este período de transición democrática fueron principalmente garantizar la libertad de creación y de expresión, aceptar la autonomía de los procesos culturales frente al Estado, favorecer la igualdad de acceso a la cultura, reconocer, de hecho y legalmente, la diversidad de culturas y de identidades étnicas en el país, incentivar la descentralización en la producción y la gestión cultural, estimular la participación de los distintos sectores en la vida cultural y proteger y difundir el patrimonio material y simbólico de la nación. (Tironi, 1994). El Estado debía abrir las puertas a la libertad de expresión, permitir el debate sobre el pasado reciente, terminar con todo tipo de censura, re-crear un ambiente democrático y, sobre todo, hacer renacer en cada uno de los chilenos el sentimiento de confianza hacia la democracia (Subercaseaux, 2006).
Los partidos de derecha no deseaban una intervención directa de parte del Estado, sino más bien que tuviera un rol subsidiario en el campo cultural, mientras los partidos de centro izquierda abogaban por la creación de un organismo público estable que tuviera como objetivo la coordinación de las acciones del Estado en el campo de la cultura. Sin embargo, todos los argumentos, del color político que fueran, iban en la dirección de una crítica radical del esquema existente. Durante casi quince años, Chile intentó, a través de los distintos gobiernos, de establecer una institucionalidad cultural que reemplazara la organización dispersa y poco coordinada que existía, permitiendo al mismo tiempo preparar una normativa y una legislación compatible con estos objetivos (Garretón, 2001). Cada gobierno posibilitó e instó a una reflexión sobre la posibilidad de reestructurar la política cultural. En cada oportunidad, el gobierno de turno creó una comisión o grupo de trabajo con el fin de analizar la situación del campo cultural en el país y proponer una política cultural al presidente, hasta que el 2003 se aprueba la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).
Desde marzo del año 2010, la Coalición por el Cambio gobierna el país. Desde la campaña presidencial de Sebastián Piñera se aprecia la inclinación del nuevo gobierno por la eficiencia. El discurso giró en torno a “hacer las cosas bien”, teniendo como eslogan principal “la nueva forma de gobernar”. El presidente Piñera se rodeó de ingenieros y abogados en el gabinete y entre sus asesores, transformándose en un gobierno más de técnicos que de políticos. Esta tendencia se venía observando en los últimos gobiernos concertacionistas, pero en el actual gobierno de centro derecha se vio exacerbada.
Ahora se verá si estas diferencias ideológicas son tan marcadas hoy, en un contexto nacional democrático y con ciertas regulaciones en el ámbito de la cultura que abogarían más bien a una menor incidencia de los gobiernos en pos de una visión estatal de la cultura, en oposición a lo que fueron los gobiernos de izquierda de los 60 y 70 y la dictadura de derecha.
Propuestas 2005-2010 y 2011-2016: ¿Qué hay de nuevo?
El documento Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010 es el resultado de 15 años de discusión, debate y reflexión acerca de lo que se necesitaba en Chile en cuanto a política cultural y a la institucionalidad que el país necesitaba en el campo de la cultura. Tiene por lo tanto un peso importante puesto que es el primer documento de política cultural luego de tener una institución pública dedicada a los asuntos culturales.
Al fijarse en los conceptos que se repiten a lo largo del documento es posible apreciar que la dimensión política cobra gran importancia: democracia, fin a la censura, libertad de expresión, libertades públicas. Se habla de una nueva relación entre el Estado, la sociedad y la cultura dado el nuevo contexto político. Este nuevo ambiente debía traducirse en tener a la cultura en el foco de todo, como eje del desarrollo del país y no como adorno al resto de las preocupaciones. Se hace referencia a una cultura en democracia como parte fundamental de la construcción de identidad nacional para así participar del mundo globalizado.
El 2005 –año en que se redacta este documento de política cultural– se muestra un avance importante en los grandes números y sobre todo en el ámbito político. Sin embargo, con el retorno a la democracia y el clima de libertades públicas, existe la sensación de una distorsión entre estos resultados macro y la percepción de desigualdad en las oportunidades de los distintos grupos socioeconómicos del país. Quienes escriben el documento intentan hacerse cargo de esta paradoja poniendo a la cultura y las políticas culturales al centro de las preocupaciones del Estado, en la construcción de un proyecto país que buscaba la igualdad en el acceso a la cultura en el contexto nacional de celebración de los 200 años de independencia para el año 2010. Finalmente, el documento enumera una serie de estrategias y medidas a impulsar durante el período 2005-2010 que están en directa relación con los acentos propuestos al inicio del documento, es decir: fomentar y facilitar la creación artística, la producción cultural y las industrias culturales; motivar la participación en cultura (difusión, acceso y formación de audiencias); conservar y difundir el patrimonio, identidad y diversidad cultural; y por último, continuar desarrollando la institucionalidad cultural.
Por su parte, el documento Política cultural 2011-2016 se lanza en un contexto muy distinto a cuando surge Chile quiere más cultura.
El segundo documento presentado por el Consejo de la Cultura bajo el gobierno de Sebastián Piñera tiene a sus espaldas, primero que todo, ocho años de institucionalidad cultural ya instalada, con una serie de textos normativos, programas funcionando, políticas desarrolladas y diversos actores participando del sector como nunca antes había vivido el país. Surge bajo la tercera administración (anteriormente José Weinstein y Paulina Urrutia habían presidido el Directorio del Consejo) y en el segundo año de un gobierno de centro derecha, hecho igualmente novedoso para la institucionalidad cultural, que había nacido bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, con Ricardo Lagos primero y luego con Michelle Bachelet.
Con todo el proceso de instalación de la institucionalidad cultural, el nuevo documento detalla la forma en que se elaboró el conjunto de políticas presentadas, explicitando que los conceptos fundamentales fueron recogidos a partir de un proceso de consulta ciudadana y con diversos actores del mundo artístico, concordando siempre con los tres ejes fundamentales propuestos: creación artística, patrimonio cultural y participación ciudadana. A lo largo del documento se aprecian conceptos recurrentes que vislumbran los acentos adoptados por esta administración: internacionalización; exportabilidad; reconocimiento mundial; visualización de Chile en el mundo y participación en múltiples bienales. Además de esta fuerte tendencia hacia promover lo global en el campo de las artes y la creación chilena, se observa una clara inclinación por incentivar y enaltecer la comercialización de bienes y productos culturales de la más diversa índole, detallando los avances en las industrias culturales (audiovisual, editorial y musical).
Tal como se señaló con anterioridad, la ley que crea el Consejo de la Cultura en el año 2003 establece que las políticas en el campo de la cultura son políticas de Estado y no de gobierno, lo que aseguraría ciertas continuidades en las orientaciones de las acciones a emprender en el campo cultural y así estas no quedarían sujetas al arbitrio de los principios ideológicos que rigen al gobierno de turno. Es así como se aprecia que los grandes ejes de ambas políticas, aunque no son idénticos, siguen la misma línea: la preocupación por la creación artística, el patrimonio y la participación. Estos tres ejes de la política 2011-2016, se repiten en el documento anterior, sin tomar en cuenta el tema de la institucionalidad en el segundo documento. Se podría pensar que esto no falta a la lógica, puesto que el 2011 la institucionalidad ya estaba instalada y no requería mayor atención. Sin embargo, algo que ha sido de gran relevancia durante la actual administración de Cruz-Coke es la idea de reformular la institucionalidad cultural y crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio, proposición que no ha estado exenta de debate, seguidores y detractores. La derecha chilena, desde que se inició la discusión por el tipo de institucionalidad que se requería para el campo cultural fue reacia a la idea de tener un ministerio. Sin embargo, no deja de llamar la atención que al llegar al poder en 2010 eso fuera lo primero que propuso el presidente del Directorio del Consejo de la Cultura.
Tanto en los gobiernos de centro izquierda como en el gobierno de centro derecha, el telón de fondo no ha sufrido grandes modificaciones: aunque los gobiernos de la Concertación instalaron el debate del rol del Estado en el ámbito cultural, se observa un rol preponderante del mercado en la nueva relación entre economía, cultura y Estado. El modelo neoliberal se traduce en muchas políticas de fondos concursables y menos iniciativas hacia los sectores más desfavorecidos culturalmente (que coinciden con ser los grupos más pobres de la sociedad). Al mismo tiempo, se le da gran importancia a las industrias culturales, aunque se deja entrever una diferencia en el contenido de esta fuerte relevancia a la comercialización de bienes culturales en los dos documentos: en el primero se ve que hay un interés por ser parte del escenario global en respuesta al encierro cultural en que se había vivido por muchos años. En el segundo documento esta ya no es la razón del interés por fortalecer las industrias culturales. Chile ya forma parte del panorama global, ahora debe crecer y desarrollarse globalmente para poder ser rentable económicamente y no tener que depender del Estado para su desarrollo.
Por lo tanto, las diferencias se observan principalmente en los énfasis puestos en ambos documentos, sobre todo en los propósitos y las estrategias para lograrlos. Estas rupturas responden directamente al momento histórico-político que se vivía cuando surgen los dos textos: el primero como resultado de una larga reflexión sobre el rol del Estado en la cultura, luego de haber vivido 17 años de dictadura, represión y censura; y el segundo, en una sociedad que ya llevaba más de 20 años de democracia, en donde el tema del apagón cultural y los estragos que había hecho la dictadura en el mundo de la cultura ya no son mencionados. El primer texto nace en un clima de democracia naciente, con todos los temores que esto podía significar. La política de los consensos que se vivió en todo ámbito de la sociedad chilena no dejó fuera al campo cultural. En las discusiones previas a la creación del Consejo de la Cultura se vislumbraron puntos de discordia, donde la principal razón de esta era la visión ideológica-política de quienes las manifestaban respecto del rol que le compete al Estado en el campo cultural y el nivel de participación que se daría a los diversos actores del sector en la nueva institucionalidad, tildándola a veces de excesivamente democrática y participativa, dada la serie de instancias colegiadas y consultivas que existen en su composición organizacional. La derecha aún pensaba que el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos culturales y dejar que las leyes del mercado actuaran por sí mismas, mientras que la izquierda y la centro izquierda consideraban que el Estado era fundamental a la hora de promover y facilitar el acceso de toda la población, y sobre todo a los más desfavorecidos en una sociedad de altas desigualdades, a la cultura. Sin embargo, se llegó a un consenso y el modelo de consejo recogía las visiones de ambas partes.
A la llegada de la centro derecha al gobierno en 2010, el discurso que se tenía en la derecha mientras se discutía sobre el modelo de institucionalidad cultural que debía adoptar Chile, sufrió algunas transformaciones y se han escuchado opiniones que no habría sido posible imaginar diez años antes. En un contexto nacional donde el modelo político ha estado en constante cuestionamiento y la participación de la sociedad civil en distintos temas a través de grandes movilizaciones sociales se ha visto en forma recurrente, el rol facilitador del Estado –y con esto la propuesta de un Ministerio de la Cultura– ya no se discute y la importancia de la participación ciudadana en la institucionalidad ha sido reafirmada por la actual administración.
En síntesis, aunque la ley estipula que la política cultural de Chile es una política de Estado y no una política de gobierno; que los miembros del directorio del Consejo no son renovados al cambiar el poder ejecutivo, y que sea este mismo directorio quien presenta –y no solo propone– el documento de política cultural por cinco años al Presidente de la República; y que se hayan visto cambios sustantivos en el discurso de los representantes de la centro derecha y derecha chilena, siempre se puede vislumbrar en los discursos de los ministros o en los mismos documentos de política cultural la visión de mundo, la postura ideológica que han tenido las dos coaliciones políticas en Chile desde el retorno a la democracia. Por un lado, una centro izquierda que pone de relieve lo que significa para el país estar nuevamente en democracia y lo importante que es para el ámbito de la cultura el fin de la censura y el respeto por la libertad de expresión y los derechos humanos; y por otro lado, una centro derecha preocupada de la eficiencia de las políticas públicas, de la imagen que el país puede proyectar hacia el extranjero y la importancia que tiene la industria cultural para ello. Si bien ambas coaliciones comparten la estructura del modelo chileno y funcionan bajo esos preceptos, efectivamente el color político, entendiendo por esto las bases ideológicas que tradicionalmente se encuentran en la centro izquierda y la centro derecha en nuestro país, terminan influyendo en las decisiones que se toman concretamente en las políticas públicas en el campo cultural.
Referencias bibliográficas
Antoine, Cristián (2004): “La nueva institucionalidad cultural de Chile”, IUS PUBLICUM nº 12, p.89-103.
Catalán, Carlos y Giselle Munizaga (1986): Políticas culturales estatales bajo el autoritarismo en Chile, Santiago, Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA).
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2005): Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010, Valparaíso, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011): Política cultural: 2011-2016, Valparaíso, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
García Canclini, Néstor (1987): Políticas culturales de América Latina, México, Grijalbo.
Garretón, Manuel Antonio (2001): Cultura y Desarrollo en Chile. Dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo, Santiago, Andrés Bello, p 247.
Quaggio, Giulia (2011): Política cultural y transición a la democracia. Seminario de Historia, Universidad Complutense de Madrid, Fundación José Ortega y Gasset.
Subercaseaux, Bernardo. (2006): “La cultura en los gobiernos de la Concertación“, revista Universum V21 Nº1, Enero de 2006, pp.190-203.
Tironi, Eugenio (1994): “Cultura y Comunicaciones en una época de transición (Chile, 1990-1994)”, revista Proposiciones, nº 25, p.63-75.
Wortman, Ana (2005): “El desafío de las políticas culturales en la Argentina”, Mato, Daniel (comp.) Cultura, política y sociedad, Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires.
Maite de Cea.[1]Socióloga y Doctora en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Universidad de Grenoble, Francia. Profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. … Continue reading
| ↑1 | Socióloga y Doctora en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Universidad de Grenoble, Francia. Profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Coordinadora Académica del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP). |
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